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Presupuesto 2022 aprobado se ajusta a la regla fiscal, pero modificaciones legislativas afectarán programas prioritarios y la operación de instituciones

El Ministerio de Hacienda informó que el presupuesto de la República para el 2022, aprobado esta tarde en segundo debate se mantiene dentro de los márgenes de aplicación de la regla fiscal, sin embargo, también externó su preocupación por los recortes y modificaciones realizadas por los legisladores, que afectarían programas prioritarios para la población, así como la operación de las instituciones.

Entre las principales preocupaciones se encuentra la no inclusión de recursos adicionales para el PANI, lo que afectará la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil y a los centros de cuido (CIDAIS), así como los fondos para el programa Avancemos y las pensiones del Régimen No contributivo de la CCSS, sobre todo cuando la incorporación de estos recursos se mantenía dentro los límites de la regla fiscal y no implicaba una afectación.

También destaca el traslado de ¢21 mil millones del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) a las municipalidades para la atención de obra pública, así como el recorte del presupuesto asignado a distintos ministerios para brindar más recursos al Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi).

En el caso particular del Ministerio de Hacienda, se realizó una rebaja de ¢6.689 millones, la cual tendrá un impacto significativo en la operación de los sistemas informáticos de Hacienda y por consiguiente en el sistema aduanero TICA (para las declaraciones de aduanas, registro de las importaciones, el registro de las exportaciones, entre otros); la Administración Tributaria Virtual (ATV) necesaria para trámites como inscripción, presentación de declaraciones, facturación electrónica y pago de impuestos;  la transferencia de fondos a las municipalidades, entidades de Gobierno Central y descentralizadas; el pago de salarios de 120 mil personas funcionarias, la transferencia de dineros a las y  los pensionados; el pago de las deducciones de las cuotas patronales a la CCSS; la ejecución presupuestaria del Gobierno, el pago a proveedores, entre otros aspectos.

El proyecto aprobado para 2022, asciende a los ¢11,5 billones, el 52.8% será financiado por medio de ingresos corrientes y de capital y el restante 47.2% proviene de financiamiento externo.