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Privados de libertad fabrican miles de mascarillas reutilizables para su protección y la del personal penitenciario

  • Iniciativa surgió de los propios comités de privados de libertad de los CAI de Limón y Jorge Arturo Montero, en San Rafael de Alajuela.
  • La confección de los cubrebocas se realiza siguiendo las especificaciones del Ministerio de Salud.
  • “Este es un claro ejemplo de que todos podemos sumar esfuerzos por el país para combatir la pandemia”, dijo viceministra de Justicia, Diana Posada.

6 de julio del 2020.  Privados de libertad del Centro de Atención Institucional (CAI) Limón y el CAI Jorge Arturo Montero, en San Rafael de Alajuela, comenzaron la confección de unas 14.500 mascarillas reutilizables que en su gran mayoría estarán destinadas a la población penitenciaria.

La idea surgió de los comités de privados de libertad y contó con el apoyo de la dirección de esos centros penales.

El Ministerio de Justicia y Paz pretende motivar y apoyar a los comités internos para producir esos elementos de protección en otras cárceles, como parte de las medidas sanitarias ante la emergencia de salud que enfrenta el país por el COVID-19.

Precisamente, el CAI Vilma Curling está próximo a sumarse a la confección de mascarillas para el personal penitenciario. 

CAI de Limón. Las mascarillas de tela, elaboradas bajo las recomendaciones del Ministerio de Salud en el CAI Limón, son confeccionadas por tres privados de libertad que cuentan con habilidades en costura, gracias a la capacitación impartida en su momento por el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).

Cada interno recibirá tres unidades reutilizables una vez confeccionadas, desinfectadas y empaquetadas para que sean utilizadas en los distintos procesos que llevan a cabo en el centro penal. La entrega de las 3.000 mascarillas se realizará una vez que el área de Salud del CAI les brinde una charla con las recomendaciones sobre el uso de estas. 

“Como centro penitenciario hemos aprovechado el talento humano y habilidades en costura que tienen los privados de libertad para promover el proyecto de la elaboración de las mascarillas higiénicas con el fin de dotar a toda la población y que las utilicen durante la atención disciplinaria, asistencia a procesos disciplinarios e interdisciplinarios, área educativa, prácticas judiciales, cumpliendo además con el distanciamiento social y las burbujas de convivencia por ámbitos”, indicó Giovanna Cleland, directora del CAI Limón. 

Otros centros. En el Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero, en San Rafael de Alajuela, también se sumaron a la iniciativa de confección de mascarillas de tela con el fin de dotar a la población penal y a la Policía Penitenciaria.

Con el apoyo de la dirección del centro penitenciario y el Comité de Privados de Libertad, nueve personas con destrezas en costura realizan la elaboración de 10.000 de mascarillas para repartirlas entre sus compañeros. Además, con el financiamiento de la Dirección de la Policía Penitenciaria, los privados de libertad también producirán 1.500 cubrebocas para los Policías Penitenciarios.

La elaboración se lleva a cabo en los talleres industriales del centro penitenciario, cumpliendo con los lineamientos establecidos por Ministerio de Salud. Además, se contó con la asesoría del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) para fabricarlas con los estándares que se solicitan.  

El CAI Vilma Curling prestó dos máquinas industriales planas para que emprendan la tarea. Este último centro se encuentra en proceso para realizar un plan piloto con el objetivo de que las mujeres privadas de libertad confeccionen mascarillas de tela para el personal penitenciario. 

“Las crisis siempre traen cosas buenas y es, justamente, sumarnos a la creatividad e innovación para resolver, atender la emergencia y aportar un granito de arena al país. Es por esto que, como institución, estamos muy contentos de poder unirnos a estos esfuerzos y formar parte de la cadena de valor que el presidente Carlos Alvarado y el Gobierno ha estado promoviendo para atender la emergencia que enfrenta el país por el COVID-19”, indicó Diana Posada, viceministra de Gestión Estratégica. 

Por su trabajo, las personas privadas de libertad reciben un incentivo que les sirve para ayudar económicamente a sus familias.