Intervención del Canciller Manuel A. González Sanz sobre situación de Venezuela en foro de la OEA

Intervención del Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, Sr. Manuel A. González Sanz, durante la Vigésima Novena Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores para discutir la situación en la República Bolivariana de Venezuela. Miércoles 31 de mayo. Salón de las Américas, Organización de Estados Americanos, Washington D.C.

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La secuela de muertes, heridos y de arbitrarias detenciones a raíz de protestas sociales, que continúan en Venezuela y ya acumulan 60 días y 60 muertos; de civiles procesados por tribunales militares, sumado a la crisis humanitaria y el colapso económico, son solo algunas de las razones que convocan esta reunión.

Han transcurrido treinta y cinco días desde que fue propuesto este encuentro. Nuestra lentitud es evidente y hasta vergonzosa, especialmente ante situaciones como las que hemos atestiguado.

La crisis venezolana es una crisis del hemisferio y tiene rostro humano. Por eso, la suerte de la democracia en Venezuela nos incumbe y obliga a todos los Estados que conformamos esta Organización. Sí, a los Estados, que en el seno del Consejo Permanente o de la Asamblea General, estamos llamados a adoptar acuerdos y mandatos, a actuar con responsabilidad y coherencia, y no ser indiferentes ni complacientes. 

Esta Organización también está llamada a ser el espacio para la discusión respetuosa y construir acuerdos que fortalezcan los principios y valores que inspiran nuestra Carta. Debe coadyuvar a la solución pacífica de controversias, debe buscar entendimiento. Debe ser Casa Común de los Estados, para construir consensos y ser garante de su ejecución. La OEA debe colocarse por encima de los conflictos y buscar zanjarlos, con respeto a todas las partes, aún de aquellas que cuestionen los valores más altos que esta Organización promueve. Como bien decía Benito Juárez, “entre los individuos, tanto como entre las Naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz».

Hace 16 años, adoptamos por unanimidad en Lima la Carta Democrática Interamericana. Esa misma Carta es la que defendió la democracia venezolana en el 2002, época en la no se nos reclamó injerencia, menos ningún intervencionismo. 

Esa Carta es una herramienta de diplomacia preventiva, no un instrumento punitivo, por lo que no hay que tenerle miedo. Forma parte inexorable del Sistema Interamericano que debemos promover, proteger, defender y cumplir con absoluta convicción y rigurosidad. El Sistema Interamericano nos debe unir a todos, al Caribe, a Centro, Norte y Sudamérica, alrededor de valores y principios comunes como la democracia, los derechos humanos, el Estado de Derecho, la paz y la seguridad internacional y el desarrollo sostenible. El sistema es parte de nuestro acervo jurídico e histórico que ha merecido reconocimiento internacional.

Por tanto, para fortalecerlo y darle credibilidad, los Estados debemos promover su eficacia sin dudar y elevar nuestra voz conjunta ante situaciones como las que se presentan en Venezuela.

La supervivencia del Sistema Interamericano depende de ello. Depende de la voluntad política de quienes estamos aquí. Voluntad política para reconocer –en primer lugar- que Venezuela enfrenta una crisis sistémica y estructural.  Voluntad política para actuar; sí, para actuar al unísono y sin vacilaciones, llamando sin temor las cosas por su nombre, para unir y coadyuvar a ese país a salir del estancamiento y la polarización.

Restaurar la democracia, el Estado de Derecho y la gobernanza económica responsable en Venezuela, no será una tarea fácil; pero tampoco imposible. 

Podemos discutir sobre posibles soluciones. Sin embargo, estamos claros en que la situación actual de la República Bolivariana de Venezuela no se resolverá con la denuncia por ese país de la Carta fundacional de esta Organización; o quebrantando su propia institucionalidad; o despojando a la Asamblea Nacional de sus facultades constitucionales; o acallando o reprimiendo las voces críticas de periodistas, estudiantes, representantes de la sociedad civil, defensores de derechos humanos y representantes de la oposición; o bloqueando señales de medios de comunicación o clausurándolos; o evitando la supervisión internacional de elecciones ni posponiéndolas; o evitando el ingreso de relatores de libertad de prensa y expresión. Tampoco se solucionará militarizando el conflicto, otorgándole armas de fuego a civiles, ni con arrestos arbitrarios o sentenciando personas con criterios políticos, ni deteriorando el aparato productivo con expropiaciones y restricciones al sector privado, ni inhabilitando a políticos opositores a participar en futuras elecciones, ni acusando de intervencionismo a la legítima preocupación de los Estados sobre los hechos de los que hemos sido testigos. 

Pese a que en repetidas ocasiones la comunidad internacional, legítimamente preocupada, ha tendido, de buena fe, puentes al diálogo y la búsqueda de soluciones, seguimos esperando reacciones positivas o muestras mínimas de atención de parte del Gobierno Venezolano a esas señales.

Costa Rica insiste una vez más en un llamado a la paz y a la concreción de un acuerdo nacional, incluyente, viable y negociado, en el que todos los actores políticos, sociales y económicos de ese país, trabajen sin pausa y de inmediato, para devolverle la estabilidad, la tranquilidad y la esperanza a su pueblo. El diálogo sereno debe dar como resultado concreto un acuerdo que se cumpla y sea verificable.

Costa Rica reitera su ofrecimiento de trabajar conjuntamente, en las áreas que sean necesarias para procurar acuerdos, bajo principios de buena fe y transparencia. También instamos a los diferentes grupos de la oposición a discutir y negociar ese acuerdo nacional que tanto demanda la población venezolana.

Las acciones que se enumeran en la Declaración que fue copatrocinada por mi país y aspiramos que se apruebe, constituyen un paso en la dirección correcta, aunque pudo ser más ambiciosa.  Fue negociada de manera inclusiva, transparente y con buena fe, y su fuerza reside en esa legitimidad.

La Declaración constituye los primeros trazos de un bosquejo de hoja de ruta. Insta a Venezuela a la paz, a honrar sus compromisos bajo el derecho internacional y los tratados multilaterales en materia de derechos humanos, democracia y Estado de Derecho. Llama al cese de la violencia y la hostilidad, de las detenciones arbitrarias, al respeto del debido proceso y evitar el enjuiciamiento de civiles por tribunales militares.

También, insta a no convocar a una Asamblea Nacional Constituyente viciada y reitera el llamado a un nuevo proceso de diálogo y negociación, enfatizo lo de “negociación”, pero con acciones concretas, plazos, garantías y verificación.

¿Cómo oponerse a fines tan claros y loables? Tenemos hoy la oportunidad de aportar o la de quedar en deuda. Los invito a que no seamos omisos.

Costa Rica promueve la constancia, la disciplina y el espíritu inquebrantable de los demócratas. Es la hora entonces de que respondamos, con convicción, sin perder el sentido de oportunidad y de urgencia, al reto que tenemos ante nosotros.

Estamos frente a una gravísima situación que continúa empeorando y que merece que trabajemos con celeridad y voluntad política firme.

Costa Rica reitera su compromiso inquebrantable con la democracia, las libertades fundamentales y el restablecimiento del Estado de Derecho. Si no adoptamos hoy una declaración clara y pragmática, lo que lamentaríamos; reiteramos nuestra solidaridad con el pueblo venezolano, no están solos y no los abandonaremos. Continuaremos luchando en una pronta solución a la crisis.

Muchas gracias.

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