Deuda acumulada: Principal disparador del presupuesto del Gobierno central en el 2017

  • Proyecto elaborado de manera responsable, contempla ingresos conservadores y gastos restrictivos.
  • Deuda compromete el desarrollo. Incremento en intereses impacta el déficit financiero, estruja servicios, afecta la inversión y aumenta el riesgo de financiamiento en el mediano plazo.
  • Proyecto protege programas sociales contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo y aumenta en 26% la inversión de capital con respecto al año anterior.
  • El primer vicepresidente y ministro de Hacienda, Helio Fallas, presentó hoy ante la Asamblea Legislativa el Proyecto de Ley para el Ejercicio Presupuestario 2017 por un monto de ¢8,9 billones y un crecimiento de 12.1% generado, principalmente, por el aumento en el pago de la deuda, los recursos para educación y para el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Los recursos asignados al pago de las deudas adquiridas desde hace varios años (amortización e intereses), al cumplimiento de obligaciones constitucionales y legales como la asignación de ingresos a Educación, y el aporte para los regímenes especiales de pensiones, constituyen el 71,4 % del monto total del proyecto enviado por el Ejecutivo. Para el ejercicio 2017 la propuesta del Gobierno Central asciende a ¢8,943.201.5 millones (¢8.9 billones). De este monto, el 54,1% (¢4,8 billones) se financiará con ingresos y el 45,9 (¢4,1 billones) con deuda. Al respecto, Helio Fallas, primer vicepresidente y ministro de Hacienda, aseguró que si bien el Gobierno ha hecho un trabajo realmente arduo para controlar el crecimiento del gasto en las instituciones, esto es poco en relación con los compromisos ineludibles que debe atender y que acaparan el 95% del presupuesto. “En el  2017 el principal disparador del presupuesto será la deuda, la que se estima alcanzaría un 49,1% como porcentaje del PIB. El pago de amortización e intereses crece por encima del 17%, lo que representa un tercio del presupuesto. Sin nuevos ingresos que permitan cubrir necesidades apremiantes de la población y honrar pagos, esta deuda acumulada por años aumentará cada vez más. Seguimos viviendo de préstamos. En este momento, por cada colón de ingresos, tenemos 1,85 de gastos. Si bien estamos recaudando mejor y hemos logrado desacelerar el incremento en los gastos, el déficit, aunque controlado, sigue en niveles que atentan contra la sostenibilidad fiscal del país en el mediano plazo” explicó el Jerarca. Fallas también enfatizó el manejo responsable de la composición de la deuda que ha realizado Hacienda por medio de Tesoro Directo, canjes, coordinación interinstitucional y mejoras en el perfil de la deuda, con la consecuente disminución de tasas de interés. Sin embargo, aclaró que el aumento en intereses impacta el déficit financiero, estruja servicios, afecta la inversión en obra pública y aumenta el riesgo de financiamiento en el mediano plazo. Sumado a lo anterior, por la rigidez presupuestaria, el Gobierno tiene solo un margen de maniobra del 5%, para brindar bienes y servicios a la población y para transferir recursos a órganos desconcentrados como museos y teatros. El monto restante se distribuye sobre todo, entre obligaciones que se deben atender por mandato legal (54%), como pago de deuda y trasferencias a FODESAF y PANI, y por mandato constitucional (34%) como el financiamiento a educación y al Poder Judicial. Gasto se agrupa según necesidades de la población, contempladas  en Plan Nacional de Desarrollo Con el propósito de analizar con mayor detalle los sectores hacia los que se está orientando el gasto, de acuerdo con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, el proyecto de presupuesto incluye una composición funcional que permite agruparlo según el destino o las necesidades de la población que el gobierno busca satisfacer. Esta composición está conformada por i) Gasto social, (educación comedores escolares, protección social, pensiones, entre otros) ii) Gastos Públicos generales (operatividad de instituciones como Seguridad, Justicia y Paz y Poder Judicial) y iii) Gasto económico (bienes y servicios para la población que brindan ministerios como Hacienda, Economía, Ambiente y Comex). El primer grupo absorbe el 60,8% del Presupuesto, el segundo el 30,7% y el último un 8,5%. Entre los beneficiarios de estos fondos públicos se encuentran se encuentran 735.992 niños en el programa de comedores escolares, 150.524 jóvenes, quienes reciben becas de “Avancemos”, a 125.489 niños en Cen Cinai y 110.297 pensionados del régimen no contributivo. Para entender mejor la distribución de los recursos, para el 2017 el proyecto de presupuesto se ha segregado en cinco componentes: Gasto operativo: Se incluyen los recursos para pago de salarios y compra de bienes y servicios. Representa un 31,5% del Presupuesto Nacional (¢2.8 billones) y su principal subcomponente es educación (un 16,3% del presupuesto total). Transferencias: Contempla las obligaciones legales que el Estado debe atender con entidades adscritas, ministerios y entes descentralizados como las municipalidades, Caja Costarricense del Seguro Social, universidades y pensiones. Constituye el 31,2% del Presupuesto Nacional (¢2.8 billones) Proyectos Específicos: Incluyen, principalmente, proyectos para desarrollar obras de infraestructura por un monto que supera los ¢75.500 millones (0,8% del presupuesto total). Nuevas Obligaciones: Corresponde a nuevos gastos por leyes aprobadas y publicadas en el 2016, resoluciones judiciales y el acatamiento del mandato constitucional en torno al tema de educación. Representan un 3,7% del presupuesto total (¢334,6 mil millones). Servicio de la deuda: Es uno de los rubros con mayor crecimiento (17,2%), lo que le convierte en uno de los principales disparadores del gasto del Presupuesto Nacional (32,8% del total). Para el 2017 se presupuestan más de ¢2.9 billones para honrar el pago de amortización e intereses. Bajo otros escenarios, si al proyecto del presupuesto nacional se le restara alguno o varios de los componentes, su crecimiento para el 2017 sería el siguiente:
    Si el presupuesto se formulara: Su crecimiento sería de:
    Sin aumento de proyectos específicos 11,4%
    Sin aumento de nuevo gasto operativo 10,9%
    Sin aumento de nuevas obligaciones legales 10,5%
    Sin aumento de transferencias 8,9%
    Sin aumento de servicio de la deuda 6,3%
    Sin aumento del proyectos específicos, nuevas obligaciones, servicio de la deuda 4,4%
    Sin aumento del proyectos específicos, nuevas obligaciones, servicio de la deuda, transferencias 1,2%
      “Estamos ante  un proyecto de presupuesto elaborado responsablemente. Aun cuando debemos honrar compromisos de pago equivalentes a un tercio del monto total, para el 2017 aumentamos en un 26 % la inversión en obra pública con respecto al año anterior y estamos protegiendo los  programas sociales contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo. No obstante, el problema más serio persiste, porque ante la ausencia de nuevos ingresos, debemos seguir endeudándonos para pagar préstamos y financiar el déficit. Además de los efectos que podría generar en los programas de atención más prioritarios, esta situación podría afectar la calificación de riego país y dificultar el proceso para ingresar a la OCDE”, anotó el Ministro. Para las autoridades de Hacienda, es preciso contar con nuevas leyes que fortalezcan el control de la evasión y la calidad del gasto para desacelerar el ritmo de crecimiento de la deuda. Seguir postergando estas medidas implicará un ajuste fiscal del 5% o 6% en el 2018-2019 y no del 3,75% del PIB como se  ha propuesto hasta ahora.]]>